Paralelamente a una política extremadamente generosa de privatización que tanto favoreció a determinados sectores del capital, Aznar apostó por la total liberalización, lo que requirió un paquete de indemnizaciones para el sector. La excusa para llevar a cabo actuaciones tan impresentables era que con ellas se conseguiría, a medio plazo, que el precio del suministro eléctrico para el consumidor bajara como consecuencia de la libre competencia entre empresas privadas, otra hipócrita sobrevaloración del funcionamiento de los mercados
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