Ni políticos ni empresarios. Ni los tránsfugas ni los que les incentivaron a serlo. Nadie de la trama del tamayazo ha tenido problemas judiciales. Pero sí ha habido un condenado: un teleoperador de Telefónica Móviles, acusado de filtrar los registros de las llamadas telefónicas entre los sospechosos del caso. Se llama Alberto Moreno y acaba de recibir la negativa del Tribunal Constitucional a revisar su caso y esta viendo cómo puede recurrir ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
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