Todas estas ventajas son fácilmente comprensibles –aunque discutibles– cuando estos sistemas se hallan en manos de gobiernos democráticos y en periodos de paz. Pero pasan a un segundo plano cuando se piensa en los riesgos que se asumen si estos gobiernos se convierten en autoritarios o en periodos de conflicto bélico. Especialmente porque en casi todos los casos en estos países no existe legislación relativa a la protección de datos que garantice unos derechos básicos a sus ciudadanos.
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