“De nuevo hablamos de la mujer como víctima, pero a la vez se la considera criminal”, apunta Mamen Briz, del colectivo Hetaira. La Ley de Seguridad Ciudadana, cuya aprobación definitiva está prevista para finales de noviembre, prevé exportar a todo el Estado español la sanción a los clientes de trabajadoras del sexo, una medida ya puesta en práctica en municipios como Sevilla y Barcelona, y que se ha planteado desde el Gobierno madrileño con la ordenanza de convivencia que, a día de hoy, sigue en el cajón de los anteproyectos.
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