La radicalización del separatismo, la batasunización del Parlamento catalán, la exigencia de que la Guardia Civil abandone la región y la detención de nueve extremistas que el juez instructor de la Audiencia Nacional, la Fiscalía y la Guardia Civil consideran el germen de un nuevo grupo terrorista de ideología separatista no han pasado desapercibidos para el Ministerio del Interior, que este año desplegará más efectivos de la Policía y la Guardia Civil que el año pasado, durante el primer aniversario del referéndum del 1-O.
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