La Audiencia Nacional desentraña una trama presuntamente perpetrada por una UTE española en la que se habrían desviado cantidades millonarias de un contrato de material policial. El juez Ruz ha enviado a prisión incondicional y sin fianza a los dos responsables de las empresas españolas, una de ellas (Defex) dependiente del Ministerio de Hacienda. La SEPI, dependiente del Gobierno y propietaria del 51% de las acciones de Defex, está salpicada por el escándalo y asegura que colaborará con la justicia.
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