"La regulación más restrictiva dictada jamás en ningún país del mundo contra la eólica". Se podrá decir más alto, pero seguramente será difícil decirlo con más rotundidad. La AEE ha calificado en esos duros términos la política energética del gobierno, una política profundamente reaccionaria -hasta el extremo de la retroactividad- que ha colocado al sector de las energías renovables en general -y al eólico, en particular- al borde mismo del abismo. "Una normativa que aboca a este país a una sequía de nuevas inversiones".
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