Lejos de retractarse, el diputado general de Álava, Javier de Andrés (PP), redoblas sus acusaciones a SOS Racismo de cometer "fraude" en las ayudas sociales. Según de Andrés, el empadronamiento "ficticio" de 1.252 inmigrantes a cargo de la ONG puede haber costado al erario público 13 millones de euros al año por el pago de prestaciones sociales. SOS Racismo había emplazado a de Andrés y al alcalde de Vitoria, Javier Maroto, a que se retractasen de sus declaraciones sobre este colectivo y las ayudas sociales a magrebíes
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