El Gobierno tenía que haber aprobado antes del 4 de octubre la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, más conocida como Ley de Ciencia. Aprobada en 2011, debió haber entrado en vigor el 1 de enero de 2014: la ley establecía una actualización salarial para “todo personal investigador funcionario al servicio de los Organismos Públicos de Investigación”, (los OPIs), que son “aproximadamente 3.624 investigadores” según las estimaciones del ministerio que dirige el astronauta Pedro Duque.
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