La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, fue consejera entre 2003 y 2005 de una empresa, propiedad del despacho de abogados Baker & Mckenzie, domiciliada en las islas Bermudas, un pequeño territorio en el Atlántico frente a la costa este de EE UU que figuraba entonces en la lista negra de la Unión Europea (UE) de paraísos fiscales. La mandataria perteneció también al consejo de una sociedad vinculada a la misma firma internacional en Singapur cuando este país estaba blindado por el secreto bancario.
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