El PP ha eliminado de los Estatutos aprobados en su XVIII Congreso Nacional que la "alarma social creada" sea uno de los requisitos para suspender de su funciones a un cargo público afectado por un caso de corrupción. El nuevo texto aprobado el pasado 10 de febrero en el cónclave del PP recoge una redacción similar pero quita la expresión "la alarma social creada", ciñendo únicamente la suspensión de funciones o de afiliación a la "gravedad de los hechos".
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