Sobre la larga mesa del consejo de gobierno de la Comunidad de Madrid aparecen palabras escalofriantes. “Búsqueda del cuerpo”. “Delito”. “Restos”. Ocurre el 20 de julio, en la última reunión del cónclave de políticos antes de las vacaciones veraniegas, y ese tema inesperado enfrenta a los consejeros de Isabel Díaz Ayuso con una sentencia judicial: el Tribunal Supremo les obliga a aprobar el pago de 1,4 millones de euros a la empresa gestora del vertedero de Pinto, en compensación por los gastos en los que incurrió esta para buscar los restos..
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