Con la desestimación de su recurso de casación, el Tribunal Supremo ha declarado firme la condena impuesta a un médico de familia del PAC de A Parda, en Pontevedra, por cobrar por firmar certificados de defunción. De este modo, se le impusieron como autor de un delito continuado de cohecho tres años de prisión, multa de 6.480 euros y siete años de inhabilitación especial para el empleo de médico o para cargo público relacionado con el ejercicio de la medicina.
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