En apenas dos años de 2016 a 2018, la expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, tuvo que destinar de los impuestos pagados por los andaluces 548 millones de euros a sentencias judiciales que venían dictaminadas por su mala gestión administrativa, mientras políticas como la sanidad, la educación o inversiones experimentaban recortes. De 2016 a 2019, la cifra en sentencias se ha elevado a 762 millones.
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