Me deprime enormemente, aunque estaba anunciado,el efecto de aniquilación que la legislación del PP provoca en la instrucción de los sumarios por corrupción.A la desaparición de los “presuntos corruptos”, se suma la acotación en el tiempo de las investigaciones, de manera que si no se resuelve la instrucción del caso en el tiempo fijado, se archiva y la causa queda sin juzgar. La excusa para crear este espacio de impunidad fue primar la presunción de inocencia. Como ya anunciaban muchos juristas, si no se dota de medios a los jueces..

Alberto Ruiz Gallardón y Rafael Catalá han conseguido en cuatro años algo impensable hasta sus respectivas llegadas al Ministerio de Justicia: poner de acuerdo en algún tema a la mayoría de jueces y fiscales. Pero no para respaldar su gestión, sino para criticarla y, en algunos casos, para descalificarla con contundencia. Gallardón se sacó de la manga la implantación de tasas y hasta amagó con congelar la creación de nuevas plazas para jueces y fiscales.

El PP deja para la Ley de Enjuiciamiento la exigencia del cese al cargo público llamado a juicio oral por corrupción El PP ha confirmado su intención de dejar para la futura reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que el Gobierno espera remitir al Congreso en febrero para que se apruebe antes del verano, la idea de exigir el cese a aquel cargo público que sea citado a juicio oral como imputado por delitos de corrupción. El momento en que un alto cargo debe dejar su puesto en caso de verse salpicado por un caso de corrupción era uno de lo

El Gobierno ha aprobado este viernes crear un consejo asesor que revisará el proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que prepara el Ministerio de Justicia para dar cumplimiento al Pacto de Estado contra la Violencia de Género desde un enfoque de género. Este consejo, que estará presidido por la ministra Dolores Delgado, estará formado en su totalidad por mujeres, a excepción de su vicepresidente.

Gallardón ha comenzado este miércoles la campaña de márketing de su Ley de Enjuiciamiento Criminal. El ministro ha anunciado las teóricas novedades de la futura norma que, según ha vendido el ministro de Justicia, acabará con los "privilegios" de los cargos públicos cuando declaran ante el juez. A efectos prácticos, esas limitaciones suponen que ya no podrán testificar por escrito o en su despacho, como ocurre en la actualidad y como hizo hace bien poco Esperanza Aguirre, que sigue siendo diputada en la Asamblea de Madrid.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha recordado este miércoles que ningún derecho, incluyendo el de la información, es "absoluto" después de que el PP aprobara ayer modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para proteger la imagen de los detenidos, tras arrestos como el del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato. Catalá ha negado que la enmienda transaccional que aprobó la Comisión de Justicia suponga una prohibición de la emisión de imágenes de detenidos y ha precisado que habrá que desarrollar y establecer procedimientos que ...

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se ha comprometido a estudiar la posibilidad de mejorar la redacción del artículo 520.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para limitar la difusión de imágenes de los detenidos, conocida popularmente como la 'pena de telediario'.Así lo ha trasladado el titular de Justicia a representantes de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), la asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE) y el Foro de Organizaciones de Periodistas (FOP)

Ayer entró en vigor en el BOE una norma que reforma la Ley de Enjuiciamiento Civil y también, de manera “solapada”, reforma el Código Civil. Carmen Giménez, abogado titular de G&G Abogados, pone en solfa que se reduce de 15 a 5 años el plazo de prescripción para la reclamación de las acciones personales. Así, quien quiera reclamar, por ejemplo, el incumplimiento del contrato de compraventa de una vivienda o el de arras dispondrá sólo de 5 años. En cambio, se mantiene el plazo de 20 años para la reclamación de una deuda hipotecaria.

O va con mala leche e intención de propiciar el control de las instrucciones con carga política o es de una deficiencia técnico-legislativa pasmosa. O ambas. Con esta racha que llevamos en el Ministerio de Justicia nada puede descartarse. En todo caso la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal referente a los plazos de instrucción judicial va a causar los dos efectos de golpe como en el mejor billar: va a provocar un colapso e impunidades. Eso sí, los señores políticos presuntamente corruptos ya no pasarán de investigados.

El arzobispo de Granada, Javier Martínez, mantiene que la ley de la eutanasia y la ley trans son "inicuas, en cierto sentido criminales" y suponen "una ofensa a la razón humana", incidiendo en que "la realidad es la realidad" y "quien ha nacido" hombre o mujer lo será "siempre", "le pongan las hormonas que le pongan" o al margen de "las operaciones que le hagan".

El Pleno del Senado aprobará la próxima semana la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil que contempla la obligación de que los juzgados trabajen exclusivamente a través de medios electrónicos

El anteproyecto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal del Gobierno de coalición incluye, en su artículo 296, una importante novedad que afecta al derecho a la información. Se trata de la introducción de una medida cautelar que uno de los actores jurídicos principales, en este caso el juez de garantías, podrá adoptar si la investigación se ve directamente afectada por determinadas publicaciones en los medios de comunicación.

El senador de Compromís Carlos Mulet ha reclamado hoy a la Fiscalía General de la Estado que inicie el procedimiento de ilegalización del PP por "organización criminal" después de conocerse la última operación contra un entramado de corrupción en la Comunitat Valenciana. En un artículo remitido a los medios, Mulet subraya que el gran número de casos de corrupción que afectan a cargos del PP demuestra hasta qué punto este partido es una "organización criminal" en el que "buena parte se dedicaba a robar a los contribuyentes".

El Tribunal Penal Internacional anunció que só lo serán enjuiciados los soldados, pero no el ex premier británico Tony Blair, por supuestos crímenes de guerra durante la invasión de Irak. Está previsto que el informe sobre la investigación hecha entre 2009 y 2011 por el exfuncionario británico John Chilcot salga a la luz el miércoles, tras años de análisis y tratamiento de los indicios recogidos sobre la actuación del Gobierno británico antes y durante la invasión de Irak por EE.UU. y sus aliados, incluido el Reino Unido.

El Convenio con el que se pretende costear la defensa de Llarena fue firmado en el año 2010, al amparo del derecho a la defensa jurídica de los empleados públicos que fue suprimido por la Ley de Tasas del ex ministro, Alberto Ruiz-Galardón. Si el gobierno de Sánchez quisiera recuperar retroactivamente la eficacia del Convenio del 2010 para costear la defensa de Llarena, se enfrentará entonces a una catarata de reclamaciones de todos aquellos jueces y magistrados que también hubieran sido condenados en costas durante estos cinco últimos años.

Representantes de editores y periodistas firmaron este martes un documento conjunto en el que exigen la retirada de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que impedirá tomar imágenes de personas que han sido detenidas. Consideran que pone en peligro el derecho constitucional a la información.

El pleno del Congreso aprobará con la mayoría del PP la reforma de la LEC. Regula la protección de la imagen en una detención. El texto introduce la figura del agente encubierto en Internet para investigar.

Las asociaciones de fiscales se plantan. Quieren evitar que entre en funcionamiento la norma que obliga a instruir los casos judiciales más complejos en un máximo de 18 meses. Están recogiendo firmas y han enviado una carta al ministro de Justicia Rafael Catalá para que suspenda la entrada en vigor de la ley porque "resulta de imposible cumplimiento con los medios personales y materiales con que se cuenta"

Madrid, 13 de julio de 2018.- VOX, como acusación popular, ha presentado un escrito esta tarde (por vía Lexnet) ante el Tribunal Supremo para acordar la retirada de todas aquellas solicitudes de detención y entrega internacionales que afecten a Antoni Comín, Lluis Puig, María Meritxell, Carles Puigdemont, Clara Ponsatí, Marta Roviera y Ana Gabriel en el momento inmediatamente posterior a que se vayan conociendo aquellas resoluciones dictadas por tribunales extranjeros cuando acuerden la restricción de imputabilidad de los procesados respecto

Ron Oneal Morris no pudo pagar la fianza de 40 mil dólares que le impuso un juez, por lo que enfrentará su proceso tras las rejas. fue acusado de inyectar una mezcla de cemento, un pegamento muy fuerte, aceite mineral y un sellador de neumáticos en mujeres deberá de enfrentar un juicio detrás de las rejas luego de que no pudo pagar una fianza de 40 mil dólares ayer viernes.

El índice de criminalidad descendió un 73,8% en marzo, con 15 días en estado de alarma El índice de criminalidad en España experimentó un descenso del 73,8 por ciento durante el pasado mes de marzo, con 15 días en los que rigió la declaración de estado de alarma, con respecto al mismo mes del año anterior, según datos facilitados por la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior. En concreto, el análisis se ha realizado a partir de los datos facilitados al Sistema Estadístico de Criminalidad (SEC)...