El vacío legal fue provocado por la entrada en vigor en de enero de 2010 entraba en vigor la ley Ómnibus, que modificaba un total de 47 leyes españolas con el propósito de adaptarse a la Directiva europea de servicios 123/2006/CE, de 12 de diciembre de 2006, y provocando una reforma estructural considerable en cuanto a la operativa del sector servicios en España. Esta ley, bajo su planteamiento de adaptar la legislación española a la Directiva Bolkestein, convertía en realidad la necesidad de eliminar trabas y requerimientos burocráticos.
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