Hasta 3.500 euros ganaba un propietario de un coto de caza por permitir que se matara un lobo en su recinto. Los Ayuntamientos también han aprovechado el tirón que tenían las cabezas de estos animales en peligro de extinción dada la obsesión de los cazadores de colgarlas en sus salones. Si los polémicos y poco fiables censos daban luz verde a una cuestionable superpoblación, los tiros estaban al caer. Sin embargo, se les acabó el chollo.
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