La Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (UE), asimismo, sitúa a España entre los cinco estados miembros que no recoge ni publica datos oficiales de denuncias o procesos penales sobre racismo; y entre los diez estados que no han ratificado el Convenio Europeo sobre la lucha contra la trata de seres humanos, que entró en vigor en 2008.
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