Casi una década de investigación, primero en Luxemburgo y después (los últimos siete años) en España, está destapando la que quizá sea la mayor red de corrupción del Estado conocida hasta la fecha. Sólo en cifras, el caso de la empresa española estatal de exportación de armas ya anda cerca de duplicar los 123 millones exigidos como responsabilidad pecuniaria por el caso Gürtel. Porque la empresa pública Defex, disuelta por el último Gobierno de Rajoy ante la imposibilidad de sobrevivir al escándalo, ya cuenta con unos 220 millones desaparecidos
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