Tras cinco años desde que se destapara el caso, la fiscalía anticorrupción pide penas de 18 años de prisión para varios directivos y una indemnización que supera los 20 millones de euros. Esta pena se correspondería con los presuntos delitos de falsedad documental, fraude a los inversores, apropiación indebida, fraude en los presupuestos de la Unión Europea y uso de información privilegiada.
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