La iniciativa, que colocó a Barcelona en la vanguardia de políticas de vivienda para recuperar el parque público, fue aprobada en julio de 2018 con el apoyo de ERC, PSC y CUP. La ley obligaba a los promotores de nuevas viviendas y de rehabilitaciones a destinar el 30% de las viviendas al parque público con una serie de excepciones. El movimiento de vivienda acusa al alcalde Jaume Collboni (PSC) de dejarse arrastrar por el lobby inmobiliario y de recurrir a los votos del PP y Xavier Trías para derogarla.
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