Durao-Barroso, ha justificado sus planes de obligar a todos los Estados miembros a que castiguen con sanciones penales, incluidas penas de cárcel, a los banqueros que incurran en comportamientos delictivos graves, en concreto, el abuso de información privilegiada y la manipulación de mercado, alegando que "algunos de los comportamientos que hemos visto en el sector financiero fueron completamente irresponsables y a veces de naturaleza criminal".
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