Reino Unido abre esta posibilidad a cualquier organismo público, dentro de una directiva de la UE que, en un futuro, será aplicable a todos los países miembros. Si el Gobierno británico ya impulsó una norma destinada al control de datos con fines antiterroristas, ahora la medida estará destinada a objetivos más amplios, como la «prevención del crimen» o «la protección del interés público». A la información podrán tener acceso ayuntamientos, autoridades sanitarias y oficinas de correos, entre otros.
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