España rechazó en los 70 incluir en su Constitución la pena de muerte y la cadena perpetua, por considerarlas inhumanas y degradantes. Se abre ahora este debate, avanzado el siglo XXI, sin que el más mínimo dato de la realidad lo justifique y siempre al calor de hechos puntuales que conmocionan a la opinión pública. Siempre con argumentos falaces.
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