De partida, las autonomías tendrán que cumplir unos mínimos en la sanidad pública para que sus propuestas sean estudiadas y, con ello, lograr que una provincia o isla de su territorio pase a una siguiente fase de desescalada. Estos requisitos implican disponer o tener capacidad para instalar en el plazo máximo de cinco días entre 1,5 y 2 camas UCI por cada 10.000 habitantes.
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