La deslegitimación que supone que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) esté funcionando desde hace exactamente cinco años con el mandato prorrogado parece haberse normalizado, pese a la gravedad de la anomalía constitucional que supone. Los 16 vocales que quedan en el Consejo y que se resisten a dimitir en señal de protesta fueron nombrados hace una década y hoy representan la descomposición de un órgano constitucional, sin visos de una pronta recuperación.
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