“El Tribunal Supremo se ha posicionado de manera muy conservadora”, explica Bernardo Soriano, abogado del despacho S&F y miembro de la plataforma Regulación Responsable. “No se tiene en cuenta la realidad social: las asociaciones cannábicas están muy consolidadas y no sólo no atentan contra la salud pública, sino que se reducen los riesgos, dado que el consumo queda restringido al ámbito privado y no se publicita”. Para Soriano, todo forma parte de una “campaña orquestada” a tres bandas por el Partido Popular, la Fiscalía General del Estado y e
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