El gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, firmó un proyecto de ley que obliga a los condenados a muerte a elegir entre la silla eléctrica o un pelotón de fusilamiento de nueva creación esperando que el estado pueda reiniciar las ejecuciones después de una pausa involuntaria de 10 años. Carolina del Sur era uno de los estados más prolíficos en relación a su tamaño en la ejecución de condenados. Pero la falta de medicamentos, debido a la negativa de las farmacéuticas, para el coctel letal detuvo las ejecuciones durante casi una década
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