El presidente asegura que antes de las obras de reparación se dio la orden de no tocar los disparos: nadie tiene interés en que desaparezcan las huellas del intento de golpe de Estado el 23 de febrero de 1981. El portavoz Coscubiela, de ICV, se inclina por pedir responsabilidades, porque “un país no puede perder la memoria, y el Congreso debe mantener los restos del intento de acabar con la democracia”.
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