Los Gobiernos españoles incumplen hace más de dos décadas una directiva europea para controlar la temporalidad en el sector público. El Defensor del Pueblo europeo (Ombudsman) ha admitido la queja de los empleados públicos interinos españoles que llevan desde 2013 esperando respuesta de alguna institución ante su situación, tal como refieren, de desamparo: no saben si van a ser renovados, trabajan como indefinidos sin serlo, y no tienen los derechos acordes a su antigüedad o de cara a su pensión de los que disfrutan otros empleados públicos.
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