«La inmunidad parlamentaria tiene como objetivo proteger la libertad de expresión en el Parlamento, y, por lo tanto, mantener la separación de poderes», destaca citando la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al que han recurrido precisamente los políticos catalanes condenados por impulsar el proceso soberanista que dio pie a la consulta del 1 de octubre de 2017.
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