Son de carácter “privado” y no son un “servicio esencial” como la sanidad o la educación: “Si hay sitios en los que me ponen condiciones con las que no estoy de acuerdo, lo que hago es no ir. Siempre y cuando lo adviertan, avisen, notifiquen e informen”. E insiste en sostener que no están cometiendo ninguna ilegalidad.
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