Todo apunta a que finalmente el Ejecutivo optará por aprobar un real decreto-ley, aunque las fuentes no han precisado cuándo recibirá el visto bueno del Consejo de Ministros. El objetivo del Gobierno es aprobar una norma que cubra todos los posibles supuestos, teniendo en cuenta que tanto la familia del dictador como la Fundación Francisco Franco han advertido de que están dispuestos a recurrir a los tribunales.
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