La amnistía fiscal aprobada en marzo por el Gobierno no afecta en nada al delito de blanqueo de capitales. Ello significa que un contribuyente que haya defraudado más de 120.000 euros y regularice su situación podría ser procesado por blanqueo de capitales, incluso si el origen de esos fondos procede de una actividad legal. Para evitar ese riesgo, la reforma del Código Penal que prepara Hacienda modificará la relación entre el delito fiscal y el de blanqueo.
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