El Banco Santander ha ejecutado una posibilidad que le ofrecía la Ley del Impuesto de Sociedades y ha solicitado a la Agencia Tributaria la devolución de cerca de 500 millones en efectivo por la compra del Banco Popular. Esta cantidad se deriva de los créditos fiscales que puede solicitar debido a que sufrió fuertes pérdidas en 2016, de 3.611 millones. La entidad que preside Ana Botín podría haber renunciado a ese derecho y utilizar ese crédito para rebajar sus impuestos futuros, pero ha preferido no hacerlo, con el consiguiente impacto al PIB.
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