El impuesto sobre el patrimonio es un gravamen de naturaleza estatal cuya gestión y recaudación están cedidas a las CCAA, que tienen margen para bonificarlo. En 2008 fue suprimido pero se ideó un sistema para compensar a las autonomías por ese agujero en los ingresos. El problema es que ese sistema de contraprestaciones siguió vigente cuando el impuesto fue recuperado por Mariano Rajoy. Y todavía hoy perdura.
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