Un error en el etiquetado del ADN provocó que fuese condenado por un delito cometido en un pueblo de Navarra en el que nunca había estado. El joven creyó que se trataba de una cámara oculta cuando agentes de la Guardia Civil lo detenían y acabó pasando ocho meses en prisión por un delito que no cometió. La Audiencia Nacional fija una indemnización de 70.000 euros.
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