La sentencia se sustenta en la Ley de Segunda Oportunidad, que está en vigor en España desde el año 2015, El estado de insolvencia se originó al solicitar financiación para ayudar a su familia. El destino de estos créditos era el pago de los gastos de suministros y alimentación, de su hija y sus nietos, ya que se encontraban en una situación de desamparo, ya que la hija se había divorciado, y esta relación le hizo sufrir una serie de problemas psicológicos.
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