Ambos están investigados por la supuesta comisión de delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, malversación, fraude a la Administración pública, negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos, prevaricación, cohecho y blanqueo de capitales. La juez los envía a prision eludible con una fianza de 50.000 euros para cada uno por su presunta relación con un caso de amaños en contratos de uniformes del Instituto Armado. Los otros cinco arrestados han quedado en libertad provisional.
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