La cuestión empezó en Barcelona, siguió por Madrid, Valencia y Baleares. La normativa de la comunidad insular era una de las más restrictivas en lo que a la actividad de Airbnb se refiere. Ahora, a la lista se une Canarias. De forma similar a las otras islas, el Gobierno de Canarias está apunto de aprobar un texto en el que se prohiba el uso de viviendas de particulares, en zonas residenciales, como vivienda turística; con la salvedad de que los cabildos y ayuntamientos puedan añadir excepciones en función de las diferentes zonas afectadas.
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