Pongamos que un trabajador de una multinacional en Barcelona -un ingeniero industrial que maneja un 'software' específico para las electrónicas de motores diésel- instala en su casa un 'proxy' simplemente para entrar en sitios web bloqueados, como por ejemplo vídeos técnicos en YouTube. De la misma manera que sucede con las redes privadas virtuales (VPN), su uso es perfectamente legal. El 'proxy' queda instalado en un disco duro externo que se conecta a internet y, según cómo se configure, cualquiera puede entrar a él.
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