Ni se iban a morir todos, ni se iban a morir igual. Los protocolos de la vergüenza existieron y condenaron a 7.291 mayores a morir sin atención hospitalaria, sin medicación para el dolor y sin esperanza en lo más duro de la pandemia de covid-19. Las residencias no se medicalizaron, como aseguró el Gobierno de Ayuso y exigía el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. De haber tomado otras decisiones, miles podrían haberse salvado.
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