La omisión que debe importarnos en el discurso de Felipe VI no es la de la corrupción de su padre...

... sino otra un poco más técnica.

Palabras de Felipe VI en el discurso navideño de este año, presumiblemente en relación con la corrupción de su padre:

"Ya en 2014, en mi Proclamación ante las Cortes Generales, me referí a los principios morales y éticos que los ciudadanos reclaman de nuestras conductas. Unos principios que nos obligan a todos sin excepciones; y que están por encima de cualquier consideración, de la naturaleza que sea, incluso de las personas o familiares".

Estas palabras vienen a decirnos que los principios morales y éticos están muy bien, son muy bonitos e importantes. Parecen, pues, palabras correctas, intachables, que suenan muy bien, y que uno no puede criticar.

Sin embargo ocultan una perversa y corrupta característica, que las hace palabras muy criticables. Y no la ocultan en lo que dicen, sino en lo que dejan de decir, en lo que omiten. Y no, esta omisión no es la de haber evitado referirse explícitamente a la corrupción de Juan Carlos I, es otra omisión más profunda, de más alcance. La omisión criticable es la siguiente:

Los principios morales y éticos son muy importantes y están muy bien, sí, pero no nos obligan de manera legal o jurídica. Ningún juez puede castigarte por haber incumplido un principio moral o ético si tu conducta no ha incumplido ninguna ley.

En materia política, no basta que Felipe VI diga que los principios morales y éticos son muy importantes, y que él se compromete a respetarlos. Hay que ir más allá y hay que decir que en el ámbito político no basta el compromiso personal del individuo de respetar los principios morales y éticos, sino que dichos principios deben quedar reconocidos, especificados y recogidos en la ley, en el ordenamiento jurídico, para que su cumplimiento sea obligatorio y su incumplimiento pueda ser llevado ante la justicia.

Felipe VI puede decir en televisión que se portará muy bien, pero política y jurídicamente esto no sirve absolutamente de nada si no existe ninguna ley que le obligue a portarse bien.

Que Felipe VI diga que se va a portar muy bien no valida ni hace buena a la monarquía, si la monarquía, como régimen institucional o institución de un conjunto de normas, no incorpora y tipifica dentro de sí la obligación de que Felipe VI cumpla con comportamientos correctos y éticos, y si permite a Felipe VI portarse también mal si él lo desea.

Una institución no es buena porque quien la ocupe tenga la voluntad, la cortesía, la compasión, la deferencia o la consideración de portarse bien y posea la cualificación para prestar un desempeño idóneo, porque podría ocurrir que en otro momento dicha institución quedase ocupada por alguien corrupto e incompetente y entonces la institución pasaría a ser mala, sin haber cambiado en sí misma. Lo bueno o lo malo de una institución no puede depender de lo bien o lo mal que quiera portarse quien la ocupe. Una institución solo es buena en la medida en que sea ella la que estipule entre sus normas qué obligaciones de buen comportamiento debe cumplir quien la ocupe y qué requisitos de cualificación y preparación debe satisfacer también ese ocupante, y qué medidas se prevén para garantizar dicho comportamiento ético y cualificado y para sancionar comportamientos inadecuados. Más aún: el régimen normativo de una institución de hecho no debe tener otra utilidad o finalidad que la de garantizar que sea ocupada y desempeñada de forma ética, cualificada e idónea.

Puede que Felipe VI diga en televisión que quiere portarse muy bien, pero si algún día decide portarse tan mal como su padre, ese día el régimen institucional monárquico le investirá de inviolabilidad y de inelegibilidad democrática para que ni los tribunales puedan castigarle por su mal comportamiento ni los ciudadanos puedan expulsarle del cargo de jefe de Estado por el procedimiento de unas elecciones democráticas.

En suma: no queremos el compromiso de buen comportamiento de Felipe VI, ni tampoco lo ponemos en duda; lo que queremos es un régimen de acceso y regulación de la jefatura de Estado que explícitamente se oriente a forzar y garantizar el comportamiento ético y cualificado de quien ocupe la jefatura de Estado, poniendo a disposición de la ciudadanía recursos para defenderse de los posibles comportamientos indebidos del jefe de Estado, como la posibilidad de expulsarle del cargo por unas elecciones democráticas o la posibilidad de procesarle y castigarle judicialmente. Porque el compromiso personal de la gente está muy bien, pero políticamente y jurídicamente no basta: es necesario también que existan leyes obligando a la gente a portarse correcta y civilizadamente.

O dicho de otra forma: no queremos el compromiso personal de buen comportamiento de Felipe VI; lo que queremos es una REPÚBLICA.