La Comunidad de Madrid aplica de forma reiterada una figura destinada a regularizar pagos por servicios prestados en circunstancias excepcionales, lo que dificulta su seguimiento y vigilancia. Los principales beneficiados por esa política de regularización de la Comunidad de Madrid que ha convertido casi en ordinario lo que debería ser extraordinario han sido grandes empresas: de hecho, ocho se han repartido más de 600 millones.
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