No hacerlo, tal y como figura en el texto de la propuesta de Díaz, supondría “seguir dañando la memoria de aquellas personas que defendieron el régimen constitucional tras la sublevación militar del mes de julio de 1936” y permitir a España mantener el defecto “de origen” de la democracia manteniendo viva la memoria de un régimen “que tiene su origen en la injusticia” y en la “ignorancia del pasado, en la ausencia de derechos para las víctimas y en la impunidad total de lo represores”.
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