El derecho fundamental a la libertad de información contemplado en el artículo 20.1 de la Constitución Española está unido a la protección de las fuentes periodísticas y de todo el material utilizado que pudiera servir para identificar a esas fuentes. Este derecho no está concebido solo como un derecho individual de los periodistas sino como una garantía de pluralismo y libre formación de la opinión de la ciudadanía en un estado democrático, dado que, en último término, "su beneficiaria es la sociedad" en su conjunto, en palabras del T. Const.
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