En febrero del 2005, la RIAA demandó a una madre soltera y discapacitada llamada Tanya Andersen por compartir música mediante el programa P2P KaZaA. La mujer contraatacó y acusó a la industria discográfica por extorsión, fraude y prácticas comerciales engañosas. Tras dos años de batalla judicial la RIAA fue incapaz de probar los cargos, arrojó la toalla en junio del 2007 y aceptó pagar las costas del juicio. Andersen solicitó una compensación de 300.000$. La RIAA dijo que no más de 30.000$. La decisión judicial: la mayor suma impuesta a la RIAA
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