Más de 153.000 inmigrantes irregulares perderán su tarjeta sanitaria el próximo 1 de septiembre, una medida con la que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad espera ahorrar alrededor de 500 millones de euros. Ésta es una de las actuaciones del Gobierno para garantizar la sostenibilidad de la Sanidad pública, aquejada de una deuda de 16.000 millones de euros.
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