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Ni una sola universidad en Catalunya, públicas incluidas, cumple actualmente con los mínimos que exige la ley para mantener su estatus (una en Madrid), especialmente en lo relativo a la composición de las plantillas; el Ejecutivo tramita ya un endurecimiento de este Real Decreto, lo cual dejará fuera de la legalidad a la mayoría de las universidades si no acometen cambios en cinco años.
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