La Iniciativa Legislativa Popular (ILP), uno de los instrumentos de democracia participativa que reivindica el 15-M, es un derecho de todos los españoles garantizado en la Constitución. Pero la práctica ha demostrado que es más teórico que real: en más de 30 años de democracia, sólo una ILP ha sido capaz de pasar los filtros que impone la ley, reunir 500.000 firmas bajo la supervisión de la Junta Electoral y, tras el debate de los diputados, inspirar un texto legal.
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